19 diciembre 2011

La era negra para las empresas ha comenzado.

Carlos Rodríguez Braun suele decir que los políticos se dividen en dos grupos, los que molestan mucho y los que lo hacen poco. Y yo añadiría que, incluso, en extrañas ocasiones, llegan a no molestar nada. Que nadie observe en estas palabras ningún tipo de alarde antisistema, sino, simplemente, la evidencia de que el crecimiento económico y el empleo, el de verdad, no el ficticio del sangrante engorde de plantillas públicas, lo crean las empresas privadas y no los poderes públicos, artífices, eso sí, del clima que debe permitir el desarrollo de esos negocios. Un principio que, pese a su evidencia, no parece estar del todo masticado en nuestro nuevo Hemiciclo.

Y es que los primeros días de actividad de nuestro Congreso de los Diputados han alumbrado una serie de pronunciamientos un tanto peligrosos. El PP habla de empleo y control del gasto. UPyD se suma. CiU también habla de empleo y saneamiento del déficit, eso sí, previo pago de 759 millones de euros más a Cataluña. Y, a partir de ahí, empieza, por lo visto, el turno de los partidos que no se leen los datos económicos. El PSOE sigue acercándose a la demagogia sindical. IU carga contra las empresas y los ricos. ERC se une al mensaje. Y, de momento, el resto de las fuerzas pierde el tiempo en exhibir su desacato moral a la Constitución española.

Y es ahí donde radica el peligro. El PP cuenta con mayoría absoluta y suficiente para aprobar una nueva legislación que proteja a cada persona que decida crear un negocio, a quien lo quiera hacer crecer o a quien quiera invertir en los negocios ajenos que crean empleo. Es más que probable que UPyD, CiU y PNV se sumen a esa estrategia. Pero contarán con un latente espíritu antiempresa en las filas más izquierdistas. Un espíritu que cuenta con simpatizantes en un PSOE desnortado y que ha sido acogido con los brazos abiertos por IU y ERC. Y un espíritu altamente peligroso que, en caso de calar en la calle, hará muy difícil la adopción de las reformas correctas con la celeridad necesaria.

Los últimos datos recabados por UHY Fay & Co. muestran la realidad de que la destrucción de casi tres millones de empleos en España ha tenido un inseparable compañero de viaje: la destrucción de empresas. Entre el año 2006 y 2010 la evolución del número de sociedades mostró cifras positivas -es decir, que pese a la crisis se crearon más empresas de las que se destruyeron- en países como Francia (un 21,5%), Holanda (un 4,8%) o Canadá (3,8%). En otros países como Reino Unido, Italia o Alemania la destrucción fue tenue -entre el 0,4% y el 3%-. Y en otros, como España, todos esos datos moderados o incluso positivos fueron arrasados por una destrucción de empresas de un 14,6%.

¿Por qué? Pues porque se bombardeó fiscalmente el consumo, se dispararon los trámites administrativos, las instituciones públicas condenaron al impago a las empresas privadas, se forzó a los negocios a pagar el IVA de las facturas que no cobraban, y, encima, la Administración absorbió la financiación que debería haber ido a las compañías. Súmenle a eso los costes de contratación y despido, y el cóctel final tiene un nombre: paro.

No es conveniente confundir la demagogia con la realidad: el ataque a las empresas no es sino el mejor aliado del paro.

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