12 abril 2012

Los vecinos de La Linea pasando calamidades

Qué hago?, ¿me pongo una soga al cuello y me quito de en medio? Porque si me pasa cualquier cosa el seguro pagará y por lo menos mis hijos lo tendrán todo resuelto…». Juanmi no es el único habitante de La Línea de la Concepción (Cádiz) al que se le ha pasado por la cabeza tan drástica idea. Como el resto de los 850 empleados del Ayuntamiento tiene trabajo, pero aún así está al borde del desahucio. Ya le han quitado la moto, el coche, ha vendido el móvil... «La nevera la tenemos de adorno. A mis hijos les da de comer una compañera de trabajo, que vive de la pensión de su madre», lamenta. 

Juanmi, 40 años, en el servicio municipal de limpieza desde 1996, debería ser un privilegiado en esta ciudad azotada por el paro -11.000 desempleados, el 40% de la población activa-. Un afortunado de no ser por las nueve nóminas que él y sus compañeros llevan de retraso. Ayer por fin cobraron una, pero llevaban nueve meses sin recibir ni un duro de un consistorio asfixiado por las deudas. Por eso muchos recurren al contrabando de tabaco desde el vecino Peñón de Gibraltar. O al desembarco de droga de las lanchas que vuelven a las playas. La Línea más desesperada está emergiendo. Y los antidisturbios. Y las pedradas y conflictos. Como el que ha estado de dar al traste con la Semana Santa después de que 52 de los 110 policías municipales se dieran de baja -la mayoría psicológica- y se temiera por la seguridad en las procesiones.

La mayoría de los empleados municipales sobrevive gracias a la solidaridad ciudadana, que, a su vez, depende del trabajo que proporciona el Peñón. «Gibraltar siempre ha sido nuestro balón de oxígeno», dice José Porras, de UGT, alias Corvino. Las cifras refrendan sus palabras: 4.000 linenses trabajan legalmente en el Peñón y otros 2.000 lo hacen en su economía sumergida. 

«Dios que todo lo das a cambio de nada. Ayuda a esta familia a salir a delante. Por favor». Juanmi lo ha escrito con rotulador azul en un trozo de cuartilla y la ha colocado junto al Cristo crucificado que tiene en casa. Así está el cuerpo de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento gaditano: doliente y a un paso de la expiración. 
La procesión va por dentro, pero se ve por fuera. En las colas frente a los repartos de comida de Cáritas. En las puertas de los hipermercados, donde gente de clase media espera una ayudita. En la aduana de Gibraltar, con filas de los que van a pasar tabaco «para ganarse 20 eurillos, que son 600-800 al mes, y así van tirando las familias», explica José Luis Rodríguez Calle, responsable local de Cáritas. Hasta eso les están impidiendo, lamentan, porque la Guardia civil ha reforzado su vigilancia en la aduana. Diariamente realiza registros exhaustivos, vehículo por vehículo, y por primera vez se ha sumado a ellos una patrulla de la Policía Nacional. 
Mientras Crónica visita Cáritas, entra a su sede el trabajador de una subcontrata: «Necesito, de emergencia, una bolsa de comida para una compañera de la limpieza que ya no tiene nada». Se lleva pasta, arroz, lentejas, leche, huevos... 

«Muchos están pidiendo anticipos a Tesorería para los ansiolíticos y antidepresivos, porque no nos podemos ni permitir ese lujo», continúa Juanmi relatando su penitencia. «Yo llevo una semana sin pastillas y lo estoy notando, y más desde que el juzgado me impuso el pago de los 1.850 euros que debo a una financiera. Si no pago, me quitan mi casa». En días le cortarán la luz y su comunidad le ha amenazado con llevarle a juicio por los impagos. «No sé cómo explicar que no pago porque no me pagan a mí. Ya mismo viene a reclamarme Carrefour y cuando se junte todo, se me va a ir a 100.000 euros. ¿De dónde los saco?, ¿qué hago?, ¿me pongo la soga al cuello?». 

Juanmi, 40 años, 1.400 euros de nómina, tres hijos, mujer y nieta, es sólo uno más. Hay familias que llevan a comer a sus hijos a las casas de los vecinos más pudientes. Dos matrimonios ya han sido desahuciados; muchos están en la antesala. Y otras han tenido que traerse de vuelta a sus hijos que estudian fuera porque no les llega.

Como esta auxiliar administrativa que prefiere proteger su identidad por miedo y ha perdido su calidad de vida de clase media hasta el punto de no poder llevar los zapatos a reparar. Y le echa la culpa de su precoz menopausia -ha dejado de tener la regla a los 44 años- a la angustia que vive. «He llegado a pasar tabaco para comer y para el butano», reconoce. Su hija, que estudiaba en Sevilla, está en casa. «Nunca pensé que llegaríamos a este extremo. Tengo no sé cuántos mensajes del banco de que estoy en la ruina; los intereses me matan, ya me quitaron el coche y sólo pensar que me quiten mi casa…». 

Luz Mari, limpiadora, con el marido en paro y dos niñas, va a trabajar todos los días aunque sus ataques de ansiedad precisarían una baja. «Si me quedo en casa es peor, viendo que no tengo nada; al menos aquí las niñas no te ven llorar y no preguntan qué pasa, porque aunque sean pequeñas, entienden». Ha tenido que escatimar hasta en el plato de sus hijas: «A la de tres años le han programado en el colegio un menú para que aprendan a comer y tiene que llevar cada día algo sano que no siempre puedo comprar. ¿Qué hago? ¿No la llevo para que me vengan los municipales por absentismo?», pregunta impotente. 

Ha habido tres huelgas de hambre, como la protagonizada por Juanmi, o por Mauricio, que no se jubila para no perder sus nóminas, y tiene a sus tres hijos, también trabajadores municipales, en riesgo de desahucio. Los sindicatos están asombrados de que con la cantidad de ataques de ansiedad y de altercados que se viven a diario no haya ocurrido ninguna desgracia. 

Los sindicatos, la alcaldesa socialista, Gemma Araujo, y parte de la población echan la culpa de la situación al GIL, el partido que llegó a la alcaldía en 1995. «Enchufaron a sus familiares, duplicaron la plantilla y vaciaron las arcas», dice un delegado sindical. En el 99 se pasaron a las filas del PP y así gobernaron hasta las municipales de 2011, aumentando sueldos y pluses de productividad, contratando a 24 abogados, ocho psicólogos... Entraron a un consistorio que tenía 1,5 millones de euros de deuda y lo dejaron con un agujero de 170 millones. La alcaldesa denuncia que ha heredado una nómina de 1.500.000 euros mensual por sueldos desorbitados: «Algunos de la limpieza ganan menos de 1.000 euros, pero hay conserjes que ganan 2.900 euros al mes y hay quien cobra 96.000 al año…». 

Pili, conserje y delegada de UGT, protesta: «Tener que estar como un pordiosero pidiendo a tu familia, mendigando en Cáritas… Es denigrante. El que tenía los ahorros de toda la vida se los ha comido; y psicológicamente estamos tocados para siempre. Tras aguantar esto, vete a casa y ¿quién paga el pato? Está habiendo separaciones y todo». Es el caso de Juanmi, que vive con su ex es porque no tiene dónde ir. 

Entre tanta desolación, el trabajo en el Peñón parece el único salvavidas. Por eso, la alcaldesa pide el reconocimiento de la peculiaridad de La Línea por su vecindad con Gibraltar, ha retomado las conversaciones con su gobierno para mantener una relación cordial y ha anulando el proyecto de cobrar un peaje a los cinco millones de personas que cruzan la frontera al año, como quería el anterior alcalde del PP. «Hemos rebajado un 70% menos la retribución de alcaldes y concejales, y vamos a revisar los sueldos. Hemos reducido los coches oficiales de dos a uno, hemos hecho un ERE para reducir plantilla y negociamos con un grupo inversor», enumera Araujo sus medidas. 

Para que Juanmi, uno de los 850, deje de pensar en echarse una soga al cuello. Que siga mirándose en ese espejo donde hasta una estampa del padre Pío italiano tiene. Así está La Línea, junto al Peñón. Estación de penitencia.

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