Andorra es un paraiso financiero

Andorra es un Estado feudal. No hay división de poderes. No hay Constitución. No es posible crear partidos o sindicatos. Pero, asimismo, es un centro financiero internacional de primer orden. El precio de su suelo no tiene parangón en Europa. Menos de un 20% de su población posee la nacionalidad andorrana. Hay más plazas hoteleras que habitantes. 

Y ahora, desde hace pocos meses, existe una crisis política abierta, con un gobierno que ha perdido la mayoría parlamentaria como consecuencia del transfuguismo político tan propio de Andorra. Todos sus habitantes reconocen que las estructuras de su pequeño Estado deben cambiar. Lo contrario sería de difícil argumentación. Piénsese, por ejemplo, que es de aplicación directa como regulador de la vida social andorrana el Digesto, compilación de la jurisprudencia clásica romana elaborada por el emperador Justiniano.

La moneda tiene otra cara. La de la evasión de capitales. La de un mercado financiero. La de una especulación inmobiliaria feroz. La de una total ausencia de fiscalidad. Una libre circulación de mercancías que convierte a Andorra en el paraíso del consumidor.

Todos los andorranos están afectados de un conflicto entre el «ego» y el «super ego» freudianos. Su «ego» le dice que viven muy bien y que las buenas situaciones es mejor no cambiarlas por otras que puedan resultar peores. Sus «super ego» les hace ver que sus copríncipes -el Presidente de la República francesa y el obispo de La Seu d'Urgell- no dejan de ser extranjeros, personas extrañas a sus problemas. También entienden que la estructura feudal de un país crea injusticias y limitaciones de todo orden. El problema se agrava cuándo el conflicto interior debe traducirse en una actitud cívica, capaz de producir transformaciones o adaptaciones sociales. Es el naufragio. Sin partidos. Sin ideologías. Sin instituciones modernas. 

Queda el localismo más feroz, o la agregación primaria de intereses, económicos, desde luego. La reforma de las estructuras andorranas es el tema de eterno comentario. Pero ahora parece haber llegado el momento de la verdad. O, por lo menos, del debate público. «Si podemos crear un Coprincipado constitucional, es decir, con Constitución escrita, no hay nada que objetar. Pero si no podemos, el pueblo andorrano tiene perfecto derecho a plantearse el tema de proclamar la República» -afirmó a este diario Ramon Canut, «conseller» (diputado) por la parroquia de Les Escaldes.

Canut pertenece al grupo de diputados progresistas que hasta hace pocos meses dominaban el Consejo General o embrión de parlamento. Una operación de transfugismo les hizo perder la mayoría pero sin que ese cambio haya podido causar la caída del gobierno, que continua siendo liberal-progresista pero carece de apoyo parlamentario para llevar a cabo la necesaria reforma de las instituciones feudales andorranas. En Andorra hablar de la reforma de las instituciones es como hablar en España de la reforma de la Administración de Justicia o del Estatuto de RTVE. Nadie le pone el cascabel a esos gatos, pese a que, de boca para afuera, todo el mundo manifieste desearlo. Durante años se ha hablado de reforma y no se ha hecho nada. La iniciativa corresponde a los andorranos, que hoy son una minoría con respecto a los inmigrantes. En 1989 había 50.500 habitantes registrados. De ellos sólo 8.600 eran de nacionalidad andorrana, lo que equivale a decir que menos del veinte por ciento de la población posee derechos políticos. Los extranjeros registrados eran 36.000, de los cuales 26.000 españoles. No hay ninguna duda de que, además, hay un elevado número de inmigrantes no registrados.

Un proceso de reforma con tantos espectadores legalmente mudos preocupa. La reforma lógicamente debería comportar la, hoy por hoy, inexistente libertad sindical y con ella algunos espectadores mudos parecían ser actores parlantes. Una reforma también debería implicar una ordenación financiera, que actualmente es inexistente. «Los bancos -afirmó a este diario Jaume Bartomeu, ministro de Finanzas, Comercio e Industria del Gobierno andorrano- nos mandan una memoria anual, la misma que hacen pública, y nada más. Lo hacen por educación. De hecho y de derecho no tienen ninguna obligación de informarnos de la marcha de sus actividades». Es el «laisser faire, laisser passer» del capitalismo primitivo que pueda concebirse. Jaume Bartomeu, cabeza visible de los jóvenes reformistas, cargados de buenas intenciones, es la bestia negra de los sectores inmovilistas, porque desearía implantar en Andorra aquello que rige en toda Europa o incluso probablemente en la remota república africana.

Pero las reformas administrativas implicarían incremento de la fiscalidad, hoy por hoy prácticamente inexistente en Andorra. Y la pérdida del actual diferencial fiscal determinaría el fin del actual paísbazar. La realidad más visible es el turismo interesado en la compra de electrodomésticos, perfumes, bebidas alcohólicas, tabaco, etcétera. Se trata de un epifenómeno con respecto a la importancia de un sector bancario incontrolado -con fuerte presencia española-, surgido de una evasión de capitales procedentes de España que asimismo genera una inversión inmobiliaria fuera de toda lógica. «Estamos muy agradecidos al PSOE por la fuerte fiscalidad que propugna -afirmó irónicamente a este diario un promotor inmobiliario- mientras esa política subsista en España, en Andorra iremos la mar de bien». Respecto al pequeño comercio, algunos inversores -en Andorra tampoco hay Cámara de Comercio, indicaron que en este año se aprecia una disminución de ventas en la mayoría de sectores que estiman del orden de un 20%.