Los bancos malos tienen que echar el cierre

La llamada troika (Comisión Europea, FMI y BCE) da muestras de querer ser muy estricta a la hora de fijar las condiciones al sector financiero a cambio del eurocrédito concedido al Estado español el pasado sábado. Y ese rescate estará sólo disponible para las entidades que sean incapaces de obtener fondos por su cuenta y cuya caída amenace a la estabilidad financiera de la UE.

Dicho de otro modo, las pequeñas entidades que no tengan un plan de viabilidad adecuado están abocadas a cerrar. «Si hay entidades que deben quebrar, quebrarán», reconoció ayer un alto funcionario europeo. El Gobierno español se mostró en contra de ese planteamiento de la troika. 

Por su parte, el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, avanzó incluso que el Gobierno español tiene intención de liquidar ordenadamente una de las tres cajas que han sido nacionalizadas y cuyo plan de reestructuración aún está pendiente de aprobación por Bruselas: Novacaixa Galicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia. «Si no me equivoco, uno de los tres, de acuerdo con las intenciones de las autoridades españolas, está orientado a la liquidación y no a su mantenimiento como empresa en marcha». Así se expresó el veterano ex secretario general del PSOE en una entrevista que concedió a Reuters. 

Se equivocó, según la versión del Gobierno español. Economía salió al paso anoche tras conocer las declaraciones de Almunia. «El Gobierno no tiene intención de liquidar ninguna entidad financiera», afirmó a este diario un portavoz del ministerio. «El objetivo es sanear, recapitalizar y privatizar las entidades que se queden bajo la tutela del Estado», declaró. 

Antes de que trascendieran las palabras de Almunia, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, había manifestado que la perspectiva de cerrar bancos en España «no es una hipótesis probable». Jiménez resaltó que el proceso será similar al realizado con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que no ha liquidado ninguna entidad, sino que las capitaliza con vistas a su privatización. 

Sin embargo, la Eurozona quiere evitar en la medida de lo posible destinar los fondos a entidades cuya viabilidad no está asegurada ni tan siquiera con el apoyo público. «No es un rescate a banqueros ni a sus accionistas», dijo el pasado lunes el portavoz de Asuntos Monetarios, Amadeu Altafaj. Por eso, el programa de asistencia va a estar limitado únicamente a aquellos bancos y cajas que, por su gran tamaño, no puedan caer porque ello ocasionaría un riesgo en otras entidades europeas. 

Además, Bruselas cree que aún hay tiempo para que algún inversor privado se interese por los activos de determinadas entidades. «Hay inversiones que pueden ser prometedoras a largo plazo», señalan estas fuentes.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, describió esta hoja de ruta en la capitalización del sistema financiero español durante la sesión de control en el Congreso. «Estamos fortaleciendo los bancos con provisiones que los dejarán probablemente mejor que muchos de otros países europeos; y se hará primero con sus beneficios, después en el mercado y, si no, con ayuda de Frob». 

Por otra parte, el secretario de Estado de Economía calificó de «muy atractivas» las condiciones del eurocrédito destapadas ayer por EL MUNDO y consistentes en un plazo de amortización de 15 años con cinco de carencia y un tipo de interés del 3%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, no las detalló ayer en el Congreso porque, según fuentes gubernamentales, el compromiso con Bruselas es no proclamarlas hasta que se cierre oficialmente la semana próxima el memorando de entendimiento del préstamo. 

El ministro se limitó a este comentario a la portavoz socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero: «El préstamo, como usted conoce perfectamente, se da en condiciones muy ventajosas y no se va a generar coste para la sociedad, sino todo lo contrario». Rodríguez-Piñero señaló después que ella no tenía conocimiento de las condiciones del préstamo más allá de las que pudo leer ayer en este diario. 

Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, confirmó a los líderes sindicales, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, que, con la información que había obtenido del Gobiernol, en efecto el plazo de amortización será de 15 años con periodo de carencia. Este plazo de gracia, que se extiende hasta el año 2017, con un tipo de interés del 3%, fue calificado ayer por una directiva del Banco Santander, Ana Rivero, como de «negociación fantástica» del Ejecutivo español.