No hay fondos para pagar el premio

¿Mediación? Sí, esa es la palabra clave. Ha sido el proyecto que durante año y medio ha llevado a cabo un juzgado de Madrid, en número 73 de Primera Instancia, y que le ha hecho merecedor de un premio del Consejo General del Poder Judicial: el galardón a la Justicia Más Accesible. 

El plan se puede resumir en evitar juicios innecesarios y satisfacer a las dos partes demandantes. El proyecto se empezó a gestar en 2009, pero hasta principios de 2010 no se llevó a la práctica. Y así ha funcionado durante año y medio. A finales del año pasado el CGPJ premió la labor del juzgado y los mediadores. Pero el proyecto ahora está parado por falta de fondos, aunque realmente se podría decir que es un buen negocio, ya que ahorra miles de euros a la Administración en cada caso. 

El magistrado Luis Aurelio González Martín, titular del juzgado, explicaba ayer a este periódico las ventajas del llamado Proyecto de Mediación Intrajudicial: «Es sobre todo un plan para casos de falta de entendimiento. En la mediación interviene una tercera persona, que es neutral, y se realiza fuera del juzgado, para evitar tensiones. Cuando sale bien, se consigue una mayor satisfacción de las partes, se ahorran tiempo y dinero, y además se fomenta la paz social, porque muchas veces una sentencia sólo agrava el problema ya existente y acarrea más conflictos». 

Este proyecto ha conseguido que decenas de casos civiles que ya estaban judicializados no acabaran en juicio, sino en acuerdo. Para ello, las abogadas Cayetana González y Benita Cava, junto a la socióloga Margarita Alonso, han ejercido de mediadoras. El Colegio de Abogados de Madrid y todo el personal del Juzgado número 73 han sido los demás protagonistas. 

El 77% de los casos que se llevaron a mediación se resolvió de manera satisfactoria, y cada día entran nuevos asuntos que podrían seguir por este camino. 

El principal escollo, relata el juez, «es que en España todavía no hay una Ley de Mediación Civil y Mercantil, así que ha habido que justificar y legalizar todo el proyecto para que tuviera validez». Estos procesos, que son muy comunes en casi toda Europa o en Estados Unidos, aquí aún no se practican en casos civiles, y por eso ha habido que pasar mil trámites. 

Se ha comunicado el proyecto al juez decano de los juzgados, al Tribunal Superior de Justicia, al CGPJ, se han dictado providencias, se ha motivado con la Ley de Enjuiciamiento Civil... 

Pero al final, todo ese esfuerzo sigue siendo menos que el de llevar a cabo un juicio y, ojo, la ejecución de la sentencia, que demasiado a menudo es la parte más ardua de un proceso civil.

El proyecto se desarrollaba de la siguiente manera: ante una demanda, se citaba a las dos partes para una sesión informativa sobre la mediación, pero sin parar el proceso judicial. «Una ventaja es que si para un juicio dábamos fecha dentro de siete u ocho meses, para la mediación sólo tardábamos 10 días». Tras la sesión informativa, si las partes aceptaban ir a la mediación, empezaban las reuniones, pero ya fuera del juzgado, en un despacho del Colegio de Abogados. Y al juez no se le comunicaba nada de lo que allí se hablaba, sólo el resultado. 

Si se redactaba un acuerdo, «cediendo siempre un poco las dos partes», decía Luis Aurelio, el juzgado lo plasmaba en un auto (para el caso como una sentencia firme, porque no se puede recurrir y es ejecutorio). Y el proceso en la sede judicial se archiva. Tanto los funcionarios del número 73 como la secretaria y el juez coinciden en que «se ha ahorrado mucho tiempo y trabajo en todos los asuntos que se han llevado a mediación». 

¿Cuáles han sido estos casos? Herencias, problemas de comunidades de vecinos, disoluciones de comunidad de bienes, reclamaciones de cantidad en devolución de fianzas en alquileres de pisos, de impagos a propietarios, impagos de facturas, daños y perjuicios, divorcios, problemas con las compañías telefónicas... 

«El proceso más simple y barato cuesta a la Administración unos 1.800 euros, sin contar abogados ni procuradores», explicaba González, «mientras que ese asunto llevado por mediación no pasaría en el peor de los casos de 500 euros». El ahorro es notable para todos en dinero, tiempo y trabajo. Y hasta que llegue una Ley de Mediación que imponga unas nuevas bases, todos quieren que el proyecto siga vivo.